Presentamos relatoría 1era sesión Colombia Latifundista, A desalambrar!Reforma Agraria Hoy: Escuela de Pensamiento Antonio García Nossa; 13 de abril de 2011.
Análisis de las categorás que explican el tipo de latifundio presente en el caso de Urabá.
Poder político: la región es una zona en disputa entre los distintos actores armados: las guerrillas, los paramilitares y el ejército. De acuerdo a la correlación de fuerzas que exista, el poder político es ejercido por el actor armado que predomine. Se destaca la alianza entre los grandes empresarios, los grupos paramilitares y las fuerzas estatales.
Propiedad de la tierra: La propiedad de la tierra es, jurídicamente, de las comunidades indígenas (resguardos) y de las comunidades afrocolombianas (territorios colectivos). Sin embargo, los grupos paramilitares han desplazado forzosamente a las comunidades, las cuales se han visto obligadas a aglutinarse en las llamadas “zonas humanitarias”. De esta forma, las empresas han podido usufructuar los territorios que han sido abandonados, generando un fenómeno de “concentración del uso de la tierra”. A su vez, las grandes empresas han venido comprando tierras masivamente, ya sea forzando violentamente la venta, o por medios fraudulentos o “legalmente” a través de la prescripción adquisitiva de dominio.
Uso de la tierra: existen 3 dimensiones del uso de la tierra: (1) El uso de la tierra que realizan las comunidades indígenas y afro, principalmente de cultivos de “pancoger”, (2) El que realizan las grandes empresas, que se basa en la explotación de grandes porciones de tierra para monocultivos de producción intensiva, principalmente de banano hacia la parte antioqueña y de palma hacia el Chocó. Las empresas de extracción de minerales así como la minería ilegal, ejercida principalmente por los grupos armados, también hacen presencia en la región. (3) El que realizan los grupos armados, en donde no es la tierra sino el territorio lo relevante. Los grupos armados controlan el territorio para controlar los corredores de droga, las zonas estratégicas de guerra o para el control de las tierras aptas para la producción agrícola o ricas en recursos mineros o energéticos.
Relaciones económicas: En la producción agrícola predomina un modelo económico agroexportador. El cultivo de banano y de palma es monopolizado por empresas privadas, en su mayoría transnacionales, que responden a demandas del mercado internacional. Estos cultivos se caracterizan por la producción intensiva de la tierra y por un nivel tecnológico elevado respecto de otras zonas del país.
Relaciones laborales: Las empresas contratan la mano de obra de trabajadores rurales, pero esta relación dista mucho de ser una relaciones asalariada en las que los y las trabajadoras tengan condiciones laborales definidas ni mucho menos en los que gocen de todas las prestaciones laborales. Las empresas, además, llegan a acuerdos con las familias despojadas, permitiéndoles cultivar una pequeña porción de tierra para su sustento, con la obligación de cultivar y trabajar para la empresa como contraprestación, forjando una relación de dependencia.
Demografía: en la región conviven comunidades indígenas y afro. Entre las indígenas destaca la familia lingüística Embera. Posterior a la ocupación paramilitar se ha sucedido un fenómeno de colonización de pobladores venidos de otras zonas del país que se integran como trabajadores y trabajadoras de las empresas.
Actores civiles: Las comunidades y familias que han sido desplazadas forzadamente de sus tierras se han organizado y han optado por la creación de “zonas humanitarias y de biodiversidad”, en las que se rechaza la violencia y, por ende, la intromisión de cualquier organización armada, incluso del ejército, evitando la estigmatización y la represión. Las zonas tienen como propósito defender los territorios colectivos, las formas tradicionales de vida de las comunidades y la riqueza cultural y biológica de la región.
Actores armados: Fuerte presencia de guerrillas, grupos paramilitares y ejército.
Actores privados: Grandes compañías privadas dedicadas principalmente al cultivo de banano y de palma africana para la producción de biocombustibles, empresas en su mayoría transnacionales.
Institucionalidad: El Urabá ha sido históricamente una región marginal dentro de la agenda estatal, como consecuencia, los grupos armados ilegales, el conflicto armado y la disputa por el territorio se han apoderado de la zona. La presencia de instituciones estatales es muy reducida y en algunos casos nula.
Impacto socio-ambiental y cultural: el monocultivo y la producción agrícola intensiva, la extracción minera a gran escala ejercida legal o ilegalmente y la extracción maderera, han venido acabando con la biodiversidad característica del Chocó. En este modelo económico prima el capital sobre la responsabilidad ambiental. Una práctica común de las empresas es el cultivo intensivo de palma africana hasta agotar la tierra, posteriormente la empresa se desplaza a otra zona y hace lo mismo, de forma que a las empresas no les es necesario ni conveniente adquirir la propiedad de las tierras porque pueden evadir la responsabilidad ambiental y evitar la inversión en capital fijo. A su vez, los cambios del uso de la tierra, la destrucción de los territorios, el conflicto y el desplazamiento, han tenido un impacto nefasto e irreparable sobre las culturas y costumbres de las comunidades indígenas y afrocolombianas .
