Autor: Édgar Domínguez, Publicado en El Tiempo, tomado de la página web http://www.semana.com/galeria-conflicto-armado/aro-vida-despues-masacre/583.aspx
"Los perros amanecieron muertos en medio de la carretera
Nosotros recogimos lo que pudimos… no nos podíamos demorarY bueno, así fue como llegamos hasta acá.”
Históricamente Colombia ha sido un país de desterrados. Desde el encuentro del mundo europeo con Abya Yala, los y las pobladoras de nuestras tierras se han visto desplazados de los territorios en los que se asentaban. Incluso con las guerras independentistas y el devenir de un proyecto de país los y las campesinas, los y las indias, los y las negras se vieron obligadas a salir de sus lugares, habitar nuevos espacios y reconstruir sus vidas alrededor de proyectos productivos impulsados por la clase terrateniente.
Los métodos de desplazamiento han sido muchos. Desde la miseria del campo y la falacia de una vida mejor en la ciudad, hasta el recrudecimiento de la violencia política acompañado de toda clase de violaciones graves a los derechos humanos se han usado para arrebatar la pequeña propiedad y unirla a los grandes proyectos productivos.
El destierro en nuestro país como una práctica sistemática que se repite en nuestra historia solo puede explicarse con la absoluta complicidad del Estado colombiano. Con la legitimación y pleno apoyo a la explotación de los monocultivos, el patrocinio inescrupuloso a la clase terrateniente y sobre todo, con la aquiescencia los militares en la comisión de graves crímenes de lesa humanidad; el Estado colombiano se ha perfilado como el mayor violador de derechos humanos y el máxime responsable en la tarea del destierro de la población rural colombiana.
Sobra decir que en la última década la palma aceitera estuvo tras las zonas del país más azotadas por la violencia paramilitar; que esta violencia tuvo pleno consentimiento y patrocinio de la intachable inversión extranjera y que de estas mismas regiones provinieron los máximos representantes de la llamada “para política”, quienes hoy engrosan con amplia mayoría las filas de la Unidad Nacional.
La violación de los derechos humanos de la población más vulnerable -de los y las indias, negras y campesinas- ha sido el método por el cual la vieja clase terrateniente decidió arrebatar las tierras de quienes las trabajan. El papel que jugó el estado en esta tarea quedó lo suficientemente claro y el panorama no podría ser peor: 4 millones de desplazados, 3 mil fosas comunes, miles violaciones, torturas, desapariciones y señalamientos desde el poder central a los movimientos sociales, soportan la política agraria de la unidad nacional y la consolidación de economías competitivas para afrontar los tratados de libre comercio con las grandes potencias.
