Una de las causas del actual conflicto social y armado colombiano, ha sido la profunda desigualdad de la distribución de la tierra en Colombia acompañada de las complejas situaciones de calidad de vida de la población campesina en Colombia.
La amplia concentración de la tierra en Colombia está acompañada de un uso inadecuado de ésta, que se refleja en la priorización de la ganadería extensiva frente a la actividad agrícola por medio de la utilización de tierras aptas para éste fin en la explotación extensiva de pastos para el ganado. Al respecto Renán Vega Cantor plantea que “Los terratenientes, narcotraficantes y paramilitares que representan el 0,4% de los propietarios son dueños del 61% de las tierras del país.” (MPPC, 2008); así mismo, cerca de la mitad de los pequeños propietarios, indígenas y comunidades afro descendientes, solo poseen cerca del 2% de las tierras.”[1]
En este orden de ideas, la solución para la actual situación de la problemática de tierras en Colombia requiere de la realización de una Reforma Agraria Integral que no sólo incluya tierras para los campesinos, indígenas y negros, que deseen trabajarlas, sino que adicionalmente debe incluir una política de asistencia y ayuda técnica, un sistema de crédito con facilidades de acceso y de pago, centros investigativos agropecuarios, vías de comunicación, erradicación del analfabetismo, empleo e ingresos adecuados, vivienda digna y seguridad social para la población.
Dicho proceso, será un primer paso de solución de las causas que dieron origen y sostienen aún el conflicto social y armado colombiano que llena de sangre los campos y ciudades colombianas. No es una tarea fácil, pero si es un factor indispensable para lograr las transformaciones necesarias de la sociedad que reclama Paz con justicia social.
[1] MPPC (Ministerio del Poder Popular para
