Autor: Anónimo. En Ecoportal.net, tomado de la página web http://www.ecoportal.net/content/view/full/52057
La intervención de Estados extranjeros, transnacionales y organizaciones mundiales sobre el territorio colombiano y la forma en que atentan contra la integridad de las comunidades que lo habitan, su autonomía y sus formas tradicionales de vida, es una problemática que debe ser estudiada y comprendida a fondo para generar procesos que hagan frente a dicha situación.
Colombia posee una ubicación geográfica privilegiada, siendo punto de conexión entre las dos grandes partes del continente americano y puerta de entrada a Sudamérica. Además, cuenta con una miríada de riquezas ambientales, culturales y humanas. Esto ha llevado a que nuestro país haya sido históricamente un objetivo permanente para los intereses imperialistas. Lo más irónico, quizá, es que en los últimos decenios la política de estado ha buscado atraer la inversión e intervención extranjera, ignorando los efectos nocivos que generan sobre las regiones. Es así como se concertó el acuerdo para instalar bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano; se instauró el Plan Colombia; se ha negociado incesantemente la firma de Tratados de Libre Comercio a pesar de las protestas de las comunidades campesinas e indígenas; se han dado concesiones a la empresa privada para administrar el patrimonio nacional convirtiéndolo en una empresa turística; se han apoyado procesos de integración regional como el IIRSA, promovidos por organizaciones mundiales que esconden intereses de dominación imperialista.
Bajo esta óptica, los megaproyectos han sido instrumentos de control y explotación extranjera, promovidos bajo el discurso del desarrollo y el crecimiento económico, que han traído consigo problemas económicos, políticos y ambientales en las diferentes regiones del país. La valorización de las tierras producto de dichos megaproyectos ha generado procesos de desterritorialización mediante el uso de la violencia, el engaño y la coerción estatal, dejando como resultado la trashumancia de miles de familias sin un techo fijo donde vivir ni una tierra donde cultivar sus alimentos y la destrucción de todo tejido social. A esto se suma el laxo control y poco seguimiento por parte de los organismos reguladores del Estado a los efectos ambientales y sociales que implican proyectos tales como la minería, las hidroeléctricas, la infraestructura vial transnacional, entre otros.
